Arranca en Viena el juicio contra Strache por presunta apropiación indebida de un seguro de vida del partido

Para la Fiscalía de Viena, el punto central de la acusación es un acuerdo escrito fechado en abril de 2014 entre Strache y el partido regional de Viena, cuando él aún era el jefe nacional de la formación. El documento estipulaba que el valor acumulado del seguro en 2027 correspondería "de forma definitiva e irrevocable al Sr. Heinz-Christian Strache". La fiscalía alega que Strache y el entonces responsable de finanzas del partido, el coacusado, encargaron este acuerdo a un abogado sin discutirlo ni aprobarlo en ningún órgano del partido.

"Die Vereinbarung wurde nicht im Wirtshaus, sondern in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei erstellt", betonte der Staatsanwalt.

El representante del ministerio público calificó la operación de "autocontratación" y sostuvo que el procedimiento elegido era "claramente ilegal". Según la acusación, los dos procesados abusaron conscientemente de su facultad para disponer de bienes ajenos, causando el mayor perjuicio posible al partido, que perdió el control de 940.000 euros.

"Hier wurde einseitig Parteivermögen einfach so verschleudert, ganz konkret verschenkt an den Landesparteiobmann, der darauf überhaupt kein Anrecht hat", afirmó el fiscal, añadiendo que Strache, cuyo cargo era honorario, no se comprometió a ninguna contraprestación.

El presunto móvil económico y la defensa de Strache

La fiscalía argumentó que Strache, quien en el momento de los hechos percibía como diputado y jefe de grupo parlamentario un sueldo bruto de algo menos de 16.000 euros, llevaba un estilo de vida muy costoso y tenía una "elevada necesidad de dinero, por no decir problemas de dinero". En este contexto, se reveló que había solicitado un préstamo personal de 100.000 euros a un amigo del partido y otro de mayor cuantía al ex político y empresario Harald Fischl, garantizado precisamente con la póliza de seguro de la FPÖ.

"Es war gar nicht seine (Straches, Anm.) Versicherung. Er war nur die versicherte Person", bekräftigte der Ankläger.

La acusación detalla que la idea de Strache era que el partido le transfiriera la titularidad del seguro. El acuerdo firmado en el despacho de abogados acabó en manos de Fischl como garantía y, según la fiscalía, cayó en el olvido en la FPÖ hasta que la aseguradora rescindió el contrato unilateralmente por un cambio en su política de no asegurar a políticos ni a partidos. Finalmente, en noviembre de 2021, se transfirieron más de 830.000 euros del seguro, no a Strache, sino a las arcas de la FPÖ de Viena. La entonces responsable de finanzas, Ulrike Nittmann, confirmó en un correo electrónico a la policía en abril de 2023 que la suma no fue entregada a Strache ni a una persona designada por él.

Por su parte, Strache ha negado las acusaciones. Tras conocerse la imputación, declaró que el seguro fue "aprobado internamente por el partido, fijado contractualmente y ejecutado conforme a derecho por el abogado del partido en ese momento". Insistió en que nunca dispuso indebidamente de fondos del partido ni se hizo pagar nada, por lo que no incurrió en ningún comportamiento delictivo.

La sombra del "Caso Novomatic"

El juicio por el seguro de vida no es el único frente judicial abierto para el ex político. Los hechos juzgados se entrelazan con otra investigación por un presunto acuerdo con la empresa de juegos de azar Novomatic. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Strache fue nombrado en abril de 2019, durante el gobierno de coalición entre conservadores y ultranacionalistas, director financiero de la empresa semipública Casinos Austria AG (Casag) a pesar de carecer de la cualificación necesaria, con el apoyo de Novomatic, entonces copropietaria de Casag.

La fiscalía investiga este caso como un delito de aceptación y concesión de ventajas para ejercer influencia, conocido como "Anfütterung" (engorde o cebado). La abogada de Strache, Gunilla Prohart, criticó la magnitud del proceso al conocerse la acusación en febrero, declarando: "Einen 186-seitigen Strafantrag für ein Delikt, das eine geringere Strafdrohung als qualifiziertes Schwarzfischen hat, habe ich noch nie gesehen".

Las posibles consecuencias judiciales

El tribunal ha programado inicialmente seis jornadas para este proceso. El delito de infidelidad en la gestión de fondos, cuando el perjuicio supera los 300.000 euros, conlleva una pena de prisión de uno a diez años. La acusación concreta es que Strache intentó apropiarse de una suma asegurada superior a los 300.000 euros, perjudicando así el patrimonio de la FPÖ de Viena. Además, se le imputa haber intentado repetidamente, incluso después de su dimisión, persuadir a miembros del partido para que ordenaran el pago de la prima del seguro a su favor.