25 estados de EE. UU. demandan contra los aranceles de Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU.

Las medidas impugnadas son aranceles del diez y del 12,5 por ciento que el Gobierno de Trump había impuesto en las últimas semanas. De los datos disponibles se desprende que estos aranceles también afectan a importaciones procedentes de la Unión Europea.

El trasfondo de la demanda es el temor a que los gravámenes adicionales sobre las importaciones eleven los precios al consumidor en EE. UU. y presionen la economía orientada a la exportación de varios estados. Los estados demandantes sostienen que las medidas quedan fuera de las competencias del Ejecutivo.

Al elegir el US Court of International Trade como fuero, los demandantes recurren a un tribunal especializado competente exclusivamente para litigios comerciales entre empresas y el Gobierno de EE. UU., así como para la impugnación de decisiones arancelarias. Los procedimientos ante este tribunal pueden dirigirse directamente contra decisiones de la autoridad aduanera estadounidense.

Base jurídica y críticas

El Gobierno de Trump ha justificado su política arancelaria como instrumento para reforzar la industria nacional y proteger intereses de seguridad nacional. Para ello se ampara en una facultad de emergencia que permite al presidente adoptar medidas comerciales sin la aprobación expresa del Congreso.

Los críticos acusan al Gobierno de interpretar esta competencia de forma demasiado amplia. Señalan que la economía de los estados afectados está fuertemente integrada en las cadenas de suministro globales, especialmente en sectores como la agricultura, la tecnología y la industria manufacturera.

Repercusiones sobre la Unión Europea

Para la Unión Europea, la política arancelaria estadounidense supone una carga adicional para las relaciones comerciales transatlánticas. La UE es uno de los principales mercados de exportación de varios estados de EE. UU.; aranceles de esta magnitud pueden encarecer el acceso al mercado de productos europeos y provocar medidas de represalia por parte de la UE.

La demanda plantea, además, una cuestión federal: en qué medida los distintos estados están facultados para recurrir judicialmente contra decisiones del Gobierno federal en materia de política comercial. El resultado del procedimiento podría limitar o confirmar la capacidad de actuación del Gobierno de EE. UU. en futuras decisiones arancelarias.

Los observadores prevén que el procedimiento se prolongue durante varios meses. Hasta que se dicte una resolución definitiva, queda en el aire si los aranceles se suspenderán temporalmente o se seguirán aplicando.

Si el tribunal estima la demanda, el Gobierno de Trump tendría que retirar los aranceles o encontrar otro fundamento jurídico para su política comercial. Una derrota podría, además, reavivar el debate político sobre las competencias del presidente en materia comercial.

Posibles consecuencias de una sentencia

Los 25 estados demandantes representan, según sus propios datos, una parte considerable de la producción económica de EE. UU. Una actuación conjunta de esta forma es inusual en la política comercial estadounidense y señala un rechazo amplio a las medidas arancelarias actuales, que trasciende las líneas partidistas.

Mientras tanto, es probable que las empresas afectadas y los socios comerciales de la UE sigan de cerca la evolución, ya que una resolución judicial puede tener repercusiones directas sobre precios, cadenas de suministro y decisiones de inversión.