Jueza federal de EE. UU. anula el acuerdo entre Trump y la autoridad fiscal IRS

El acuerdo alcanzado en mayo disponía que la IRS renunciara a nuevas auditorías de declaraciones fiscales pasadas de Trump. Con la decisión actual, es probable que esta cláusula quede sin efecto. Así, el camino para posibles auditorías futuras de los asuntos fiscales de Trump y de sus empresas queda en principio nuevamente abierto.

Consecuencias para futuras auditorías fiscales

Williams fue más allá de la anulación del acuerdo e inició procedimientos disciplinarios contra los abogados involucrados. Denunció ante los colegios de abogados competentes a un abogado de Trump, así como a altos funcionarios del Departamento de Justicia que habían firmado el acuerdo, para que evaluaran una posible conducta profesional inapropiada. Un portavoz del equipo de abogados de Trump no se pronunció directamente sobre la decisión, pero reiteró la acusación de que los registros fiscales de Trump habían sido publicados de forma ilegal.

El Departamento de Justicia de EE. UU. no se pronunció inicialmente sobre la decisión. El trasfondo es un conflicto que comenzó en enero, cuando Trump presentó una demanda contra la IRS. Acusó a la agencia de no haber actuado suficientemente durante su primer mandato contra la publicación de sus datos fiscales y reclamó originalmente diez mil millones de dólares en indemnización. En mayo, los abogados personales de Trump y el Departamento de Justicia alcanzaron el acuerdo ahora anulado; Trump retiró entonces la demanda.

Trasfondo del acuerdo y críticas desde las filas republicanas

El acuerdo incluía también un fondo estatal de 1.800 millones de dólares a favor de presuntas víctimas de una supuesta instrumentalización política de la justicia. Sin embargo, el mes anterior otra jueza federal ya había bloqueado este fondo de compensación, tras lo cual el Departamento de Justicia abandonó el proyecto. Williams dictaminó que el acuerdo había otorgado en lo esencial inmunidad al presidente y a su entorno, y había reservado fondos públicos para reclamaciones legalmente poco definidas.

El acuerdo había recibido duras críticas en las últimas semanas, incluso desde las filas republicanas. Varios congresistas republicanos acusaron al Gobierno de enriquecerse a sí mismo y de utilizar fondos públicos en favor de aliados políticos. Las críticas se referían sobre todo al fondo de compensación y a la amplia protección frente a auditorías fiscales.

Las consecuencias de la decisión podrían ir más allá del asunto fiscal. Dado que Williams ha prohibido expresamente utilizar el acuerdo en futuros procedimientos, Trump y sus hijos pierden un argumento central con el que habrían podido blindarse frente a disputas tributarias. Además, los procedimientos disciplinarios en curso contra los juristas involucrados consumen recursos personales y políticos del Departamento de Justicia.

Significación jurídica de la decisión

Expertos jurídicos señalaron que la anulación de un acuerdo por una jueza federal por falta de adversariedad entre las partes es inusual. Habitualmente, este tipo de acuerdos entre el Gobierno y personas privadas no son revisados judicialmente en cuanto a su equilibrio político. Con su argumento de que Trump y la IRS no eran verdaderos adversarios en el proceso, Williams creó, según observadores, un precedente que podría restringir futuros acuerdos entre el Gobierno y cargos políticos.

Es probable que la decisión reavive la disputa legal en torno a los registros fiscales de Trump. Aunque Trump ya retiró la demanda contra la IRS, las acusaciones subyacentes — la cuestión de cómo la autoridad fiscal trató los datos del presidente y si debía haber impedido su publicación — siguen abiertas. Los observadores prevén que, tras la decisión, la IRS reanudará su práctica de auditorías hacia Trump y sus empresas.

Perspectiva del litigio en curso

En conjunto, la decisión marca un retroceso para el intento de Trump de resolver judicialmente sus asuntos fiscales. La combinación de acuerdo anulado, fondo de compensación bloqueado y procedimientos disciplinarios iniciados dificulta que el presidente pueda archivar de forma definitiva su escándalo tributario.