Diez años después del intento de golpe: Erdoğan utiliza el aniversario como símbolo de poder

El propio Erdoğan escapó por poco de un atentado en su lugar de vacaciones en Marmaris. La misma noche del golpe calificó lo ocurrido como un "regalo de Dios". Poco después decretó el estado de excepción, que no se levantó hasta julio de 2018. Responsabilizó del intento de golpe al predicador islamista Fethullah Gülen, ya fallecido, y a sus seguidores. Gülen, que hasta la ruptura pública de 2013 había sido aliado de Erdoğan y vivía desde 1999 en el estado estadounidense de Pensilvania, siempre negó su implicación. Falleció en 2024.

El antiguo periodista de investigación Ahmet Şık, que durante años investigó a la comunidad gülenista, partía de la hipótesis de una alianza entre seguidores de Gülen y otros actores dentro del ejército turco. En Turquía, el movimiento de Gülen está considerado desde entonces una organización terrorista. Si bien el Parlamento turco creó en 2016 una comisión de investigación en la que participaron parlamentarios del Gobierno y de la oposición, figuras clave como el jefe del Estado Mayor Hulusi Akar y el entonces jefe de los servicios de inteligencia turcos MIT, y actual ministro de Exteriores, Hakan Fidan, no prestaron declaración.

Dureza bajo el estado de excepción

Durante el estado de excepción, las autoridades actuaron con dureza contra los supuestos colaboradores del movimiento de Gülen. Mediante decretos fueron despedidos más de 100.000 empleados públicos, entre ellos docentes, jueces, fiscales, médicos, científicos y agentes de policía. Decenas de miles de personas fueron detenidas y numerosos medios de comunicación y editoriales cerrados. Según informó la agencia estatal de noticias Anadolu, en total se abrieron 289 causas contra supuestos golpistas, que concluyeron en primera instancia en 2021. En total, 4.891 personas fueron condenadas, entre otros motivos, por "pertenencia a una organización terrorista armada" y "ayuda a atentar contra el orden constitucional". Entre los condenados hay, además de militares de alto rango, policías y civiles. 1.634 de los acusados fueron condenados a cadena perpetua en condiciones agravadas.

Aún bajo el estado de excepción, Erdoğan convocó en 2017 un referéndum sobre el sistema presidencial, que entró en vigor un año después. Los críticos lo consideran una cesura que va más allá de la noche del golpe en sí. El 15 de julio es ya fiesta oficial: el Gobierno lo celebra como un triunfo y carga la fecha de gran simbolismo. El Gobierno islamoconservador de la AKP de Erdoğan planea para el aniversario actos en todo el país bajo el lema "Nuestra voluntad, nuestra victoria".

Consecuencias políticas y críticas

La Justicia considera así el asunto en gran parte zanjado, pero las acusaciones de procesos insuficientes persisten. Los presos, a su vez, han presentado demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que denuncian sus condiciones de reclusión. Aún hoy, académicos despedidos por decreto intentan obtener su reincorporación por vía judicial.

Una investigación de la organización italiana de derechos humanos "Italian Federation for Human Rights – Italian Helsinki Committee" concluye que los despidos masivos y la estigmatización sin proceso judicial concluido han supuesto para muchas personas una "muerte social". El informe documenta la exclusión persistente, la estigmatización y las perspectivas frustradas. "Casi dos tercios de los encuestados no pudieron encontrar un empleo formalmente asegurado tras su despido".

El aniversario como símbolo

La amplitud de los afectados —desde docentes hasta jueces y médicos— convierte al intento de golpe en un punto de inflexión que transformó Turquía más allá de aquella noche. Mientras el Gobierno escenifica el aniversario como símbolo de la resistencia civil, las organizaciones de derechos humanos señalan restricciones persistentes y destinos aún sin esclarecer.

En el aniversario están previstos grandes actos con discursos de Erdoğan. Los analistas esperan que el presidente vuelva a enmarcar los hechos como prueba de la necesidad del sistema presidencial y de la línea dura contra el movimiento de Gülen. Así, el 15 de julio de 2016 sigue siendo una fecha en la que se enfrentan la autopuesta en escena estatal y las preguntas abiertas sobre el Estado de derecho.