Comienza el juicio contra seis miembros de «Junge Tat» por acciones racistas y homófobas

Representación como víctima

Desde el inicio del juicio, el grupo se presenta a sí mismo como un movimiento político perseguido. Frente al edificio de los tribunales y en las redes sociales, los acusados se presentan como miembros de una cultura juvenil que únicamente provoca, pero que no comete actos punibles. Observadores consideran esta aparición una estrategia deliberada para politizar los procedimientos y generar simpatía.

Remuneración con fondos públicos

Según el medio digital francés Médiapart, uno de los dos cabecillas de «Junge Tat» recibió una remuneración de 2.650 euros por grabaciones cinematográficas en un evento de una fundación cercana a la fracción de derecha en el Parlamento Europeo. Según se indica, los fondos procederían de dinero público procedente de impuestos. Esta circunstancia añade mayor tensión, ya que el grupo es, al mismo tiempo, perseguido por el Estado y, según la versión de los críticos, ha obtenido beneficios indirectos de fondos públicos.

En el centro del procedimiento se encuentran incidentes concretos, entre ellos acciones en la región de Zúrich, en Winterthur y en Basilea. La fiscalía acusa a los acusados de haber intimidado e insultado deliberadamente a personas con orígenes migratorios, así como a personas homosexuales. Varias organizaciones de la sociedad civil se han constituido como acusación particular en el procedimiento para reforzar la perspectiva de los afectados.

Nombres conocidos y conexiones

El grupo «Junge Tat» había llamado la atención previamente en repetidas ocasiones por sus apariciones y vídeos provocadores, en los que se presentaba a sí mismo como un movimiento juvenil patriótico. Observadores señalan que el grupo busca conscientemente atención mediática y coreografía sus apariciones. Dentro de la escena de derecha en Suiza, se le considera un actor pequeño, pero ruidoso, que mantiene vínculos con la Junge SVP y otros círculos.

En el procedimiento se conoce por su nombre a varias personas, entre ellas Manuel Corchia y Tobias Lingg. Según la valoración de conocedores de la escena, forman parte del círculo de liderazgo más estrecho del grupo. Sus abogados defensores subrayan que sus patrocinados no han ejercido violencia ni han hecho un llamamiento a la violencia. Esta versión contradiCe las declaraciones de algunos testigos, que informan de intimidaciones y provocaciones deliberadas.

Implicaciones para el panorama político suizo

Jueces y fiscalía dejaron claro al inicio de la vista que no valorarán la autopresentación política de los acusados como circunstancia atenuante. La cámara anunció que examinará las pruebas con independencia de la puesta en escena pública del grupo. Se esperan las sentencias en varias semanas, ya que debe revisarse un gran número de testigos y pruebas.

El caso arroja luz sobre el trato hacia grupos jóvenes, violentos o próximos a la violencia del espectro de extrema derecha en Suiza. Expertos en investigación sobre extremismo señalan que estos grupos intentan con frecuencia utilizar los procedimientos penales como escenario para su propaganda. El actual procedimiento en Zúrich se considera uno de los juicios más mediáticos de este tipo en varios años.

El SVP no se ha pronunciado oficialmente hasta ahora sobre los cargos concretos contra miembros del grupo, que en parte supuestamente mantienen vínculos con la Junge SVP. Dirigentes del partido apelan al principio de que las acusaciones penales deben evaluarse individualmente y no contra un partido. Sin embargo, críticos acusan al SVP de no marcar suficientemente la distancia respecto a grupos próximos a la violencia en su entorno.