Agente del ICE acusado de hacer declaraciones falsas en el tiroteo de un venezolano en Minnesota

A principios de la semana, un fiscal federal que trabajaba en el caso dijo a los abogados de Sosa-Celis y de otras víctimas que funcionarios del Departamento de Justicia habían bloqueado el esfuerzo del fiscal para presentar un cargo más grave por violaciones de derechos civiles contra el agente por el tiroteo, según ProPublica, que fue el primero en informar sobre el desarrollo. La revelación ha generado interrogantes sobre el alcance de la rendición de cuentas en el caso.

Los fiscales habían buscado un cargo por violaciones de derechos civiles

El tiroteo atrajo la atención nacional porque involucró a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., o ICE (por sus siglas en inglés), en un panorama de aplicación de las leyes migratorias bajo fuerte escrutinio. Sosa-Celis se encontraba entre las personas baleadas durante una operación de cumplimiento que defensores de las víctimas describieron como una escalada de violencia contra las comunidades inmigrantes en Minnesota.

El agente, identificado en documentos judiciales como Christian Castro, ha sido la figura central de una investigación federal que ha examinado tanto el uso de la fuerza como el relato posterior de los hechos que el agente dio a los investigadores. Los documentos de acusación alegan que las declaraciones que Castro hizo a los investigadores contenían tergiversaciones materiales sobre lo ocurrido durante el encuentro.

La acusación por cargos de declaraciones falsas representa un cargo más limitado que la violación de derechos civiles que los fiscales habían buscado, una distinción que ha frustrado a los abogados de derechos civiles que representan a las víctimas. Una condena por un cargo de declaraciones falsas conlleva una pena máxima menor que una violación de derechos civiles, que habría alegado una privación de derechos constitucionales bajo color de autoridad.

Un cargo más limitado que una violación de derechos civiles

El reporte de ProPublica, corroborado por cuatro fuentes, indicó que altos funcionarios del Departamento de Justicia intervinieron después de que el fiscal del caso buscó autorización para perseguir el cargo por violaciones de derechos civiles. Las razones exactas de la decisión no se detallaron públicamente, pero la medida provocó críticas de observadores legales que consideran que los cargos por violaciones de derechos civiles son el vehículo apropiado para casos que involucran presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.

El caso se está procesando en el Distrito de Minnesota. El gran jurado devolvió la acusación sellada a principios de la semana, y se esperaba una presentación pública en los días siguientes a la acusación. El agente no fue identificado públicamente por las autoridades federales en el momento del reporte inicial, aunque documentos judiciales revisados por AP confirman su identidad.

Los abogados de Sosa-Celis y de otras víctimas han argumentado que la investigación federal debe abarcar las circunstancias más amplias del tiroteo, incluida la toma de decisiones de los supervisores y la conducta de la operación en la que sus clientes resultaron heridos. También han exigido transparencia en torno a las decisiones de acusación del Departamento de Justicia en casos que involucran a agentes federales.

Escrutinio a las operaciones del ICE en Minnesota

El desarrollo se produce en medio de un mayor escrutinio de las operaciones del ICE en Minnesota y otras jurisdicciones donde funcionarios estatales y locales se han opuesto a las prioridades de aplicación federal. Defensores de las comunidades inmigrantes han citado el tiroteo de Sosa-Celis como una razón para exigir una mayor supervisión de los agentes federales que llevan a cabo acciones de cumplimiento.

El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la acusación. La oficina de asuntos públicos del Departamento de Justicia declinó comentar sobre las deliberaciones internas de acusación descritas por el fiscal a los abogados de las víctimas.

La acusación sigue bajo sellamiento, y no estaba claro cuándo se llevaría a cabo la lectura de cargos. Si se demuestran los cargos de declaraciones falsas, el agente podría enfrentar una condena significativamente menor que la pena potencial bajo el estatuto de derechos civiles que los fiscales habían buscado aplicar.

Analistas legales señalaron que los cargos por declaraciones falsas en casos de tiroteos protagonizados por agentes son inusuales y suelen surgir cuando los investigadores concluyen que el relato de un agente entra en conflicto material con la evidencia física o el testimonio de los testigos. El estándar para una condena por un cargo de declaraciones falsas requiere prueba más allá de una duda razonable de que la declaración era materialmente falsa y hecha a sabiendas.

Es probable que el caso se desarrolle en paralelo a un litigio civil presentado por las víctimas del tiroteo. Organizaciones de derechos civiles en Minnesota han pedido monitores independientes para revisar las acciones de cumplimiento federal en el estado, citando lo que describen como un patrón de escalada durante operaciones dirigidas a barrios de inmigrantes.