Administración de Trump relaja la Ley de Especies en Peligro de Extinción y redefine el concepto de "daño"

El secretario del Interior, Doug Burgum, sostuvo que durante años las agencias federales "abusaron" de la ESA. "For years, federal agencies abused the ESA to obstruct lawful land use and burden American families and businesses", dijo Burgum en un comunicado. La nueva norma permite la perforación petrolera y gasífera, la minería, la tala y otras actividades de desarrollo en hábitats críticos para la fauna silvestre, siempre que los animales no sean muertos ni heridos.

Grupos ambientalistas reaccionaron con dureza. "This is one of the most horrific attempts to harm wildlife in American history and a gift to the oil barons and foreign mining companies", declaró Aaron Weiss, director ejecutivo del Center for Western Priorities. Defensores de la vida silvestre recordaron que la destrucción del hábitat es la principal causa de extinción, según sostienen organizaciones especializadas.

Reacciones de ambientalistas y del sector industrial

La reforma fue propuesta por primera vez en abril de 2025 y los ambientalistas intentaron bloquearla sin éxito. La administración también describió la definición previa de "daño" como una intrusión en los derechos de propiedad privada, en línea con los argumentos que representantes del sector industrial y aliados republicanos han sostenido durante años: que la ley emblemática de 1973 se aplica de forma demasiado amplia, en perjuicio del crecimiento económico.

El cambio se inscribe en una serie de modificaciones a las protecciones de fauna que la administración ha impulsado bajo el presidente Donald Trump. Durante el primer mandato de Trump, los republicanos recortaron varias disposiciones de la ley, pero esos movimientos fueron revertidos bajo el presidente demócrata Joe Biden. La nueva definición de "daño" tiene implicaciones de gran alcance, según analistas, porque reduce la protección indirecta que la ley brindaba a los hábitats.

Contexto político y judicial de la reforma

Organizaciones como Earthjustice han participado en la oposición al cambio. La ESA, aprobada en 1973, regula la protección de especies amenazadas y en peligro en Estados Unidos y ha sido durante décadas una de las principales herramientas legales para la conservación de la biodiversidad en el país.

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre la administración federal y los grupos ambientalistas, que consideran que la nueva interpretación legal abre la puerta a la destrucción de ecosistemas clave. Defensores del medio ambiente advirtieron que la modificación podría acelerar el declive de especies ya vulnerables, al permitir que proyectos de infraestructura y extracción avancen sobre zonas críticas sin necesidad de permisos específicos bajo la ESA.

Analistas legales consultados señalan que la nueva definición probablemente será objeto de litigios en los tribunales federales, donde grupos ambientalistas podrían cuestionar tanto el procedimiento regulatorio como la compatibilidad del cambio con el texto original de la ley. La Corte Suprema, en su decisión de 2024, limitó la capacidad de las agencias para reinterpretar estatutos ambientales, lo que podría convertirse en un argumento central de futuras demandas.

Implicaciones legales y próximos pasos

La administración defiende que la reforma devuelve a la ESA a su propósito original y reduce la carga regulatoria sobre empresas y propietarios privados. Críticos, en cambio, sostienen que el cambio debilita décadas de protección ambiental y beneficia principalmente a sectores extractivos, en un momento en que la pérdida de biodiversidad es una preocupación creciente para la comunidad científica internacional.

El anuncio del viernes marca un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental en Estados Unidos, un debate que se ha intensificado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca y que probablemente continuará en los tribunales y en el Congreso durante los próximos meses.

La medida también refleja la influencia de una corriente jurídica que busca restringir el alcance de las regulaciones federales, apoyándose en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema. Para los grupos ambientalistas, el cambio representa un retroceso significativo en la protección de especies amenazadas, mientras que para la administración constituye una corrección de excesos regulatorios acumulados durante décadas.