Un tribunal federal de EE. UU. ordena restituir monumentos históricos retirados bajo decreto de Trump

El litigio se originó a partir de una directiva emitida por Trump en marzo de 2025, cuando el entonces presidente instruyó al Departamento del Interior a revisar cada monumento, placa conmemorativa, estatua y elemento similar instalado en terrenos federales para determinar si «presentaban la historia de EE. UU. de manera desfavorable». La orden generó una ola de desmontajes en ciudades como Boston y Filadelfia, donde varias piezas relacionadas con el pasado esclavista del país fueron retiradas en cuestión de meses.

Origen del decreto presidencial

En Boston, organizaciones cívicas habían expresado en los últimos meses su preocupación por la desaparición de placas que recordaban el papel de la ciudad en el comercio transatlántico de personas esclavizadas, mientras que en Filadelfia varios emplazamientos vinculados a la trata también fueron desmontados por encargo federal. El fallo del jueves pone en cuestión la legalidad de todos esos procedimientos.

El decreto en cuestión llevaba por título «Restauración de la verdad y la razón en la historia estadounidense», según consta en la documentación judicial. La magistrada concluyó que esa denominación, por sí sola, revelaba el propósito del Gobierno de imponer una visión oficial del pasado, algo que corresponde al Congreso y no al Ejecutivo.

Una orden con plazo de 21 días

Entre los elementos retirados se encontraban referencias al legado del primer presidente George Washington, propietario de personas esclavizadas durante décadas, cuyo nombre figura en espacios públicos de varias ciudades del país que ahora deberán ser restaurados conforme a la orden judicial.

La jueza estableció un plazo estricto de 21 días para que el Departamento del Interior proceda a reinstalar todos los monumentos, placas y estatuas afectadas por la aplicación del decreto. El incumplimiento de esta orden podría derivar en nuevas sanciones contra la Administración federal.

En una resolución separada emitida el mismo jueves, el mismo tribunal de Nueva Orleans resolvió por dos votos contra uno que los inmigrantes no pueden permanecer detenidos más de 90 días sin que se les conceda una audiencia para evaluar su libertad bajo fianza. Se trata del segundo revés significativo que ese órgano impone esta semana a políticas ejecutivas de la Administración Trump.

Coincide con un fallo sobre detenidos inmigrantes

La sentencia del Quinto Circuito se inscribe en una serie de decisiones judiciales que, en los últimos meses, han frenado la capacidad del Gobierno federal para modificar unilateralmente el paisaje conmemorativo estadounidense. Organizaciones defensoras de la memoria histórica han celebrado el fallo como una defensa del principio de separación de poderes.

La Administración todavía puede solicitar una revisión ante el Tribunal Supremo, lo que abre la puerta a una nueva fase en la disputa sobre los límites del poder ejecutivo en materia de monumentos públicos. Mientras tanto, el reloj de los 21 días corre y el Gobierno federal deberá decidir si acata la orden o presenta un recurso inmediato.

Analistas consultados por la agencia APA señalaron que la resolución consolida una línea jurisprudencial que limita la discrecionalidad presidencial sobre el patrimonio cultural. El precedente podría afectar futuras revisiones de monumentos ordenada por cualquier Administración, independientemente de su signo político.