La Oficina Federal Antidiscriminación registra un fuerte aumento de consultas: 13.000 casos en 2025

La discriminación por motivos raciales se mantuvo como la categoría dominante, con 4.571 casos registrados. A continuación se situaron las consultas por discapacidad o enfermedad crónica, que sumaron 3.015 expedientes, equivalente al 27 % del total. La discriminación de género representó 2.407 consultas, alrededor del 22 %, mientras que los motivos de edad supusieron el 12 % y los de religión o ideología, el 7 %.

El trabajo y la vivienda, escenarios más denunciados

El lugar de trabajo volvió a ser el escenario más habitual de las experiencias denunciadas, con 3.600 consultas. En segundo lugar se situaron los episodios relacionados con el acceso a bienes y servicios —como la búsqueda de vivienda o las compras—, que representaron aproximadamente el 20 % de las solicitudes de asesoramiento. Dentro de este apartado, las consultas por discriminación en el mercado de la vivienda crecieron cerca de un 25 %, hasta alcanzar las 488.

Los datos reflejan también un aumento significativo en otros ámbitos. Las consultas relativas al sector sanitario y de cuidados se incrementaron casi un 25 %, una tendencia que Ataman atribuyó a la existencia de lagunas en la protección legal vigente. «Auch der Gesundheitsbereich und Diskriminierungen durch Künstliche Intelligenz blieben 'antidiskriminierungsrechtliche Grauzonen'», señaló la comisionada.

Más de 1.400 consultas denunciaron discriminación por parte de oficinas y autoridades públicas, y más de 500 se refirieron a trato discriminatorio en contactos con la justicia y la policía. El sector educativo acumuló más de 600 casos. En conjunto, los episodios que implican a organismos estatales representaron casi una cuarta parte de todas las solicitudes de asesoramiento.

Una reforma legal considerada insuficiente

La Oficina Federal ofrece asesoramiento jurídico en casos de sospecha de vulneración de la Ley General de Igualdad de Trato (AGG), vigente desde 2006, que protege frente a la discriminación en el empleo, el acceso a bienes y servicios —incluida la vivienda— y los ámbitos sanitario y de cuidados. Las víctimas pueden, por ejemplo, presentar demandas civiles para reclamar indemnizaciones. No obstante, los contactos con autoridades estatales quedan fuera del ámbito de aplicación de la AGG.

A comienzos de mayo, el Gobierno federal aprobó una reforma de la AGG que amplía de dos a cuatro meses el plazo para presentar reclamaciones. Ataman consideró la reforma insuficiente y criticó que apenas mejore la vida cotidiana de las personas afectadas. «Doch die geplante Reform ist zu schwach und bringt Menschen im Alltag sehr wenig», afirmó. No obstante, reconoció como «richtig und überfällig» el cierre de algunas lagunas, por ejemplo en materia de acoso sexual.

La comisionada insistió en que muchos afectados seguirán sin poder ampararse en la AGG, especialmente en los casos de discriminación por parte de organismos estatales. «Viele von Diskriminierung Betroffene würden sich auch weiterhin nicht auf das AGG berufen können, zum Beispiel bei Benachteiligungen durch staatliche Stellen», advirtió.

Ataman reclama normas claras y ambiciosas

Ataman recordó que el racismo y la discriminación no desaparecen por sí solos, sobre todo cuando las personas perciben que estos hechos quedan impunes. «Auch würden Rassismus und Diskriminierung nicht von selbst wieder verschwinden, vor allem dann nicht, wenn Menschen das Gefühl hätten, Diskriminierungen blieben folgenlos», subrayó, y añadió que la discriminación no solo daña a las víctimas, sino también a la economía y a la sociedad en su conjunto: «Das schade nicht nur den betroffenen Menschen, sondern auch der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt».

La comisionada cerró su intervención reclamando normas legales claras para garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. «Wichtig sind klare gesetzliche Regelungen, damit alle in Freiheit und Sicherheit leben können», concluyó. La Oficina Federal recordó, por último, que parte de las consultas que recibe corresponden a áreas no cubiertas por la AGG, lo que limita la capacidad de intervención en determinados casos.

El informe se elaboró a partir de datos de la propia Antidiskriminierungsstelle des Bundes y fue difundido a través del canal de noticias dpa, que distribuyó la información a distintos medios alemanes.