ICE propone un fondo para cubrir el seguro de responsabilidad civil de agentes locales que colaboran en arrestos

El borrador de contrato forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para ampliar el uso de la policía local en las tareas federales de control migratorio. ICE ha estado buscando acuerdos con oficinas de alguaciles y departamentos de policía municipales en todo el país, presentado la participación como una vía para que las agencias locales recuperen los costos связанные vinculados a la detención de personas sospechosas de estar en el país de forma ilegal. Justin Smith, funcionario de ICE involucrado en el esfuerzo de contratación, ha sido una voz destacada en esas negociaciones, según documentos y entrevistas revisados por AP.

Según la propuesta, ICE cubriría las primas de las pólizas de seguro de responsabilidad civil de las agencias locales participantes, o asumiría directamente el costo de los acuerdos y sentencias dictadas contra los agentes. El plan está diseñado para eliminar un desincentivo financiero clave que históricamente ha disuadido a los departamentos locales de sumarse al control migratorio, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Cómo funcionaría el fondo propuesto

La propuesta ya ha recibido fuertes críticas de expertos en política migratoria y defensores de las libertades civiles. David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, dijo que el acuerdo plantea serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas. "The concern here is that ICE is going above and beyond to guarantee law enforcement does not have even the slightest risk of liability for violating Americans' rights while helping ICE arrest people," dijo Bier, señalando que ha pedido al Congreso que facilite demandar a los agentes de ICE por malas conductas.

Críticos advierten sobre un vacío de rendición de cuentas

ICE declinó hacer comentarios sobre el plan al momento de la publicación. El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. La falta de detalles públicos ha alimentado interrogantes sobre cómo se administraría el fondo, qué conductas estarían cubiertas y si los contribuyentes locales asumirían alguna parte del riesgo.

El plan llega en un contexto de batallas legales sobre la autoridad del gobierno federal para convocar a agentes locales en tareas de control migratorio. Varios estados y municipios han avanzado en limitar o prohibir dicha cooperación, citando preocupaciones sobre responsabilidad en materia de derechos civiles y confianza comunitaria. La administración Biden había restringido previamente la práctica, pero la administración Trump ha revertido esos límites y ha ampliado agresivamente las alianzas con agencias locales.

Georgia se ha convertido en uno de los focos de este nuevo impulso contractual, con alguaciles locales que exploran acuerdos que formalizarían su papel en los arrestos migratorios. Funcionarios en otros estados, incluidos Texas y Florida, también han expresado su interés. Los defensores argumentan que la participación local es esencial para detener a personas que han recibido una orden de deportación, mientras que los opositores sostienen que erosiona la separación entre la policía local y la autoridad migratoria federal.

Contexto legal y político

Académicos del derecho señalan que el esquema de seguros podría complicar los litigios en curso sobre las tácticas de control migratorio. Si los agentes saben que están protegidos frente a la responsabilidad civil, argumentan los críticos, podrían ser menos propensos a respetar las garantías constitucionales durante los arrestos. Los defensores responden que el fondo simplemente replica acuerdos ya comunes en otras áreas de cooperación interinstitucional, como los grupos de trabajo antinarcóticos, y que protege a los agentes que actúan de buena fe.

Michael Slupe, otro funcionario de contratación de ICE nombrado en los documentos, figura como punto de contacto para las jurisdicciones que evalúan la propuesta. ICE no ha divulgado cuántas agencias han firmado cartas de intención ni qué responsabilidad total podría cubrir el fondo. Es probable que la propuesta enfrente escrutinio en el Congreso, donde algunos legisladores ya han expresado su preocupación por el uso de fondos federales para proteger a agentes locales de la rendición de cuentas.

Qué sigue

Por ahora, el contrato sigue siendo un borrador e ICE aún no ha anunciado un lanzamiento formal. Grupos de libertades civiles han indicado que podrían impugnar el acuerdo ante los tribunales si se concreta, argumentando que podría violar los derechos constitucionales de las personas objeto de arrestos migratorios. Es probable que el resultado determine durante años el equilibrio entre las prioridades migratorias federales y el control local sobre las fuerzas policiales.