El gobierno de EE. UU. planea aparentemente retirar visados a cientos de miles de solicitantes de asilo

Desde el inicio de su segundo mandato el año pasado, el gobierno de Trump ha endurecido progresivamente los requisitos para los solicitantes de visado. Así, el gobierno de EE. UU. exige ahora información más amplia sobre redes sociales, ha introducido fianzas costosas para la tramitación y ha suspendido por completo la concesión de visados a nacionales de determinados países. La prevista retirada de visados se inscribe en esta cadena de medidas restrictivas.

Antecedentes del endurecimiento

El proyecto se basa en una amplia consulta de bases de datos del Departamento de Estado, como muestran documentos internos. Se está verificando qué solicitantes de asilo se encuentran aún en el país pero cuyos procedimientos no han concluido por distintas razones. Un alto funcionario, que no fue identificado por su nombre, declaró que el gobierno hará "todo lo necesario para garantizar que solo permanezcan en Estados Unidos quienes estén admitidos conforme al derecho estadounidense y no representen una amenaza".

Críticos temen que la prevista retirada masiva pueda llevarse a cabo sin una suficiente revisión individual de cada caso. Organizaciones de derecho migratorio señalan casos en los que las solicitudes de asilo siguen abiertas únicamente por la larga duración del procedimiento o por la falta de documentación. Los afectados podrían ser deportados a sus países de origen sin audiencia previa, en los que, según organizaciones de ayuda, corren riesgo de persecución.

El proyecto también es controvertido entre republicanos y republicanas en el Congreso. Mientras que los halcones dentro del entorno de Trump celebran la medida como largamente esperada, diputados más moderados advierten sobre una sobrecarga de las autoridades migratorias y sobre fricciones diplomáticas con los países de origen. Hasta ahora no está claro si el Congreso debe ser implicado formalmente o si el Departamento de Estado puede retirar los visados por vía de decreto.

Riesgos jurídicos y políticos

La dimensión jurídica es considerable: en EE. UU., el asilo es un derecho consagrado legalmente que se basa en compromisos internacionales. Una revocación con efecto retroactivo de visados ya otorgados podría desencadenar una oleada de demandas ante tribunales federales. Ya en el pasado, los tribunales habían suspendido parcialmente órdenes similares del gobierno de Trump.

En política exterior, es probable que la medida siga deteriorando la relación, ya de por sí tensa, con varios países latinoamericanos. Los gobiernos de Caracas, Bogotá y Guatemala habían rechazado recientemente en repetidas ocasiones la readmisión de sus propios nacionales deportados o la habían condicionado a ciertos requisitos. Sin acuerdos de readmisión funcionales, la medida podría fracasar rápidamente en su aplicación práctica.

Repercusiones para quienes buscan protección

En política interior, observadores y observadoras ven la iniciativa como parte de una reorganización integral del sistema migratorio estadounidense. Precisamente la semana pasada, la Casa Blanca había publicado una lista de países adicionales cuyos nacionales ya no deberían recibir un visado estadounidense. Con la retirada de visados a solicitantes de asilo, la política migratoria del segundo gobierno de Trump se desplaza ahora también hacia personas que ya viven en el país y habían buscado protección allí.

La portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró únicamente que el ministerio "seguirá cumpliendo con todas las leyes vigentes", sin abordar casos individuales ni el número de posibles afectados. Tampoco se pronunció al ser consultado el exsecretario de Estado adjunto Christopher Landau, actualmente en un papel privado. Las cifras independientes sobre cuántos solicitantes de asilo con estatus no resuelto viven actualmente en EE. UU. oscilan entre 300.000 y 700.000.