Un abogado del Departamento de Justicia le dijo a la Corte Suprema durante los argumentos orales en el caso del salón de baile de la Casa Blanca que el gobierno podría, en teoría, destruir la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad sin darles a los descendientes de trabajadores esclavizados e inmigrantes el derecho a demandar. El intercambio se produjo mientras los jueces consideraban si deben detener la construcción de un nuevo salón de baile en el Ala Este impulsado por Donald Trump.
Washington, 14 de agosto de 2026
Un abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, le dijo el jueves a la Corte Suprema de EE. UU. que el gobierno federal podría destruir la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca, y que los descendientes de personas esclavizadas que construyeron la Casa Blanca y de inmigrantes que pasaron por Ellis Island no tendrían legitimación legal para impugnar esa decisión.
El intercambio ocurrió durante los argumentos orales en un caso sobre un nuevo salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca que Donald Trump está impulsando construir. Roth hizo la observación mientras respondía preguntas hipotéticas de la jueza Ketanji Brown Jackson sobre quién podría demandar por cambios en propiedades federales históricas, según dos personas familiarizadas con el argumento.
Roth dijo en español que "El gobierno podría destruir la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca" — que el gobierno podría destruir la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca — y que los descendientes de los inmigrantes que pasaron por Ellis Island y de las personas esclavizadas que construyeron la Casa Blanca no tendrían legitimación para demandar. La declaración traducida fue confirmada por dos fuentes presentes en la sala del tribunal.
El caso ante los jueces es una apelación de Trump contra fallos de tribunales inferiores que hasta ahora han dado la razón a grupos de preservación que desafían el proyecto. El National Trust for Historic Preservation se encuentra entre los grupos que argumentan que el salón de baile, tal como está planeado, alteraría ilegalmente un sitio histórico protegido sin la aprobación del Congreso.
Lo que está en juego es si los demandantes tienen legitimación legal — el requisito formal de que una parte demuestre que ha sido dañada personalmente — para presentar la demanda. Varios jueces sondearon la teoría del gobierno de que solo el presidente, como ocupante del edificio, podría reclamar un perjuicio por cambios en los terrenos de la Casa Blanca.
Los defensores del proyecto argumentan que el nuevo salón de baile es necesario para albergar grandes eventos de estado que durante mucho tiempo se han celebrado en estructuras temporales en el Jardín Sur. Los opositores responden que la columnata del Ala Este y los espacios adyacentes son parte integral del diseño neoclásico del edificio y que ningún presidente debería tener autoridad unilateral para remodelarlos.
Se ha pedido a la Corte Suprema que intervenga en una pelea que ya ha provocado varias rondas de litigio en tribunales federales de distrito y de apelaciones. Un fallo sobre la cuestión de la legitimación podría determinar si el caso procede sobre el fondo o termina sin una decisión sobre el salón de baile en sí.
Más allá de los mecanismos legales, el momento capturó una pelea más amplia sobre cuánto margen debería tener el poder ejecutivo para alterar puntos de referencia federales históricos. Los críticos dicen que la respuesta hipotética expone la lógica legal que la administración está presionando; los defensores dicen que fue un hipotético extremo que no refleja ningún plan real.
El caso pasa ahora a la conferencia privada de los jueces, donde votarán sobre una decisión y asignarán una opinión. Se espera un fallo para fines del término del tribunal a fines de junio o principios de julio, a menos que haya giros procesales.
La historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa, según una nota del traductor adjunta al texto del cable.
Sea cual sea la decisión del tribunal, la disputa probablemente continuará en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos han comenzado a cuestionar si la Casa Blanca debería ser reclasificada o sujeta a protecciones de revisión adicionales para proyectos de construcción importantes en sus terrenos.
