EE.UU. acusa a exportadores chinos de orquestar el «Gran Fraude del Transbordo» para evadir aranceles

De acuerdo con el informe, las pérdidas de ingresos tributarios atribuidas a esta evasión oscilan entre 19.000 y 26.000 millones de dólares al año, una cifra que las autoridades consideran clave para justificar el endurecimiento de los controles comerciales. La Casa Blanca de Trump difundió el reporte el jueves, en un intento por reforzar el argumento de que las cadenas de suministro internacionales están siendo manipuladas.

Antecedentes del caso

Según el análisis, nueve países de América Latina aparecen mencionados en el listado elaborado por Washington, lo que sugiere que la región se habría convertido en un nodo relevante del esquema. La acusación no detalla públicamente qué naciones concretas estarían involucradas, pero plantea preguntas sobre el papel de puertos, intermediarios y operadores logísticos en la ruta entre China y Estados Unidos.

La investigación fue reportada por Igor Patrick desde Río de Janeiro, lo que subraya la preocupación de Washington por las rutas de transbordo que presuntamente cruzan el Atlántico Sur. El reporte se suma a una serie de medidas y declaraciones recientes del gobierno estadounidense que han elevado la tensión comercial con China y han puesto en la mira a socios comerciales intermedios.

Si bien el informe no nombra de manera pública a empresas o exportadores específicos, sí atribuye a «exportadores chinos» la coordinación del fraude, sugiriendo que la operación no sería un conjunto de casos aislados sino una práctica organizada. La definición de «Gran Fraude del Transbordo» empleada en el documento busca englobar distintas modalidades de triangulación comercial utilizadas para ocultar el verdadero origen de las mercancías.

Las autoridades estadounidenses argumentan que el desvío de exportaciones a través de terceros países erosiona la base imponible y reduce la efectividad de las políticas arancelarias adoptadas en los últimos años. Por ello, el informe recomienda reforzar la cooperación con aduanas de países aliados y endurecer los requisitos de certificación de origen, dos medidas que Washington ya ha comenzado a evaluar.

Reacción internacional y contexto comercial

La acusación llega en un contexto de crecientes fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, y se produce poco después de que el gobierno de Trump intensificara los aranceles sobre una amplia gama de productos asiáticos. Analistas consultados por distintos medios advierten que, de confirmarse la magnitud de las pérdidas señaladas, el caso podría convertirse en un nuevo eje de disputa bilateral y multilateral en los próximos meses.

El reporte también reaviva el debate sobre la capacidad de los organismos de control comercial para detectar operaciones de triangulación, que suelen utilizar documentación falsa, empresas pantalla y rutas portuarias cambiantes. Expertos en comercio internacional señalan que este tipo de esquemas tiende a adaptarse rápidamente a las restricciones, lo que dificulta su erradicación y obliga a una actualización constante de las herramientas de fiscalización.

Peter Navarro, figura clave en la política comercial de la Casa Blanca, ha sido uno de los principales impulsores de la narrativa de que China utiliza terceros países para eludir los gravámenes estadounidenses. Sus declaraciones previas y su papel en la redacción de medidas proteccionistas dan contexto a la difusión del nuevo informe, que se inscribe en una estrategia de presión sobre Pekín.

La reacción inicial de actores afectados por las acusaciones aún no se ha hecho pública de forma oficial. China, por su parte, ha rechazado en reiteradas ocasiones las denuncias de prácticas comerciales desleales, mientras que varios gobiernos latinoamericanos han pedido más detalles antes de pronunciarse sobre su posible participación en el esquema descrito por Washington.

Implicaciones para la política arancelaria

En la práctica, el impacto del informe podría traducirse en investigaciones aduaneras específicas, nuevas sanciones a importadores y una mayor presión diplomática sobre los países señalados como rutas de transbordo. La Casa Blanca no descartó la adopción de medidas adicionales si las pérdidas estimadas se confirman en auditorías posteriores.

El reporte fue elaborado por el equipo de política comercial del gobierno y se basa en análisis de flujos de contenedores, datos de inteligencia y estudios internos del Tesoro y el Departamento de Comercio. La metodología exacta no se ha hecho pública, pero las autoridades sostienen que las cifras son conservadoras y que la cifra real de evasión podría ser aún mayor.

En resumen, la denuncia de Washington apunta a un fenómeno de alcance global que, según el propio informe, le cuesta al erario estadounidense entre 19.000 y 26.000 millones de dólares cada año. La estrategia de la Casa Blanca combina ahora presión retórica, cooperación aduanera y posibles represalias comerciales para intentar frenar lo que califica como una de las formas más extendidas de evasión arancelaria del momento.