Un juez federal bloquea la adición del nombre de Trump al Kennedy Center y ordena retirar toda la señalización

Los fundamentos de la decisión judicial

En su escrito, el juez Cooper fue contundente respecto a la autoridad legal para modificar el nombre de la institución. "El estatuto orgánico del Kennedy Center deja muy claro que el centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede ostentar ningún otro nombre formal o memorial público basado en la decisión unilateral de la junta", escribió Cooper.

El magistrado subrayó que el poder de nombrar el recinto recae exclusivamente en el poder legislativo. "El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo", sentenció el juez, dejando sin efecto la controvertida designación de "Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas".

La demanda fue presentada en marzo por la congresista Joyce Beatty de Ohio, miembro ex officio de la junta del Kennedy Center cuyos derechos de voto fueron despojados el año pasado, después de que Trump asumiera el control del directorio a principios de 2025, justificando la medida con el argumento de que la institución se había vuelto demasiado izquierdista.

El bloqueo a las renovaciones

La orden judicial no solo aborda el cambio de nombre. El juez Cooper también bloqueó temporalmente a la administración el cierre del centro para una importante renovación de dos años cuya fecha de inicio estaba prevista para julio, justo después de las celebraciones del 250 aniversario de la nación.

El magistrado calificó los planes de renovación como "poco claros" y determinó que la votación de la junta directiva del 16 de marzo para cerrar las instalaciones fue "mal informada y aparentemente preordenada", sin tener en cuenta las obligaciones legales de la institución. "Ninguno de los miembros de la junta tenía información suficiente antes de la reunión del 16 de marzo para tomar una decisión bien meditada sobre el cierre del centro", escribió Cooper.

El fallo señala además que no existió la "revisión de un año del Trump Kennedy Center con contratistas, expertos musicales, instituciones artísticas y otros asesores y consultores" que el presidente Trump había afirmado en una publicación de Truth Social en febrero. "Los fideicomisarios podrían haber evaluado la idoneidad del cierre de varias maneras prudentes. Esta no fue una de ellas", concluyó el juez.

La respuesta del Kennedy Center y la Casa Blanca

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, declaró que el centro apelará la decisión y defendió la necesidad de las obras de restauración. "Revisaremos la decisión cuidadosamente, aunque la realidad permanece: el Centro requiere una restauración urgente y significativa, una verdad que incluso el demandante reconoce", afirmó Daravi.

La portavoz añadió que los recursos ya están asegurados para el proyecto. "Con 257 millones de dólares asegurados por el presidente Trump y aprobados por el Congreso, los recursos están en su lugar y seguimos comprometidos a buscar todas las vías legales para garantizar que el Trump Kennedy Center sea restaurado como un hito cultural nacional para que todos los estadounidenses lo disfruten", declaró.

Por su parte, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por NPR. El fallo no impide que la junta del Kennedy Center apruebe un cierre en el futuro, pero establece que solo debería hacerlo después de que la junta disponga de información suficiente para tomar una decisión meditada e independiente.

Consecuencias inmediatas y programación

El Kennedy Center ha estado reduciendo progresivamente su programación y ya ha despedido a la mayor parte de su personal de programación, en preparación para el cierre previsto. La orden judicial obliga ahora a replantear toda la planificación de la institución.

Trump y los actuales miembros con derecho a voto de la junta —todos ellos seleccionados por el presidente— habían planeado comenzar las renovaciones a principios de julio. El fallo del juez Cooper introduce una pausa significativa en ese cronograma, al exigir que cualquier decisión futura sobre el cierre se tome con la debida diligencia informativa y respetando las obligaciones legales del centro.