El primer ministro moldavo, Alexandru Munteanu, dimite por un escándalo de corrupción que involucra a un familiar

En un comunicado en el que explicó su salida, Munteanu dijo: "In the moment when I realized I could no longer carry out my mandate in accordance with my principles and convictions, I decided to resign." Dado que la Constitución de Moldova vincula al gabinete con el jefe de Gobierno, la dimisión arrastra automáticamente a la caída a todo el Gobierno en Chișinău, lo que obliga a la presidenta Maia Sandu a nombrar a un nuevo primer ministro y a reconfigurar el gabinete.

Repercusión constitucional

La controversia giró en torno a la retribución de Taburceanu. Según las pesquisas verificadas, había sido contratada como portavoz en MoldATSA y percibía un salario superior a los 6.000 euros mensuales, una cifra inusualmente alta para los estándares moldavos. Posteriormente, Taburceanu anunció que tenía intención de devolver el millón de lei moldavos que había ganado en menos de un año, un gesto que no impidió que la convulsión política se extendiera.

Las revelaciones fueron publicadas el mes pasado por Ziarul de Garda, que detalló el proceso de contratación y el paquete retributivo. MoldATSA está dirigida por Dumitru Vangheli, cuya agencia se convirtió en el eje del caso. La portavoz del Gobierno, Daniela Crudu, declaró a la prensa moldava que no habría "no further statements" sobre la dimisión del primer ministro, señalando que el Ejecutivo pretendía limitar sus comentarios públicos mientras arranca un proceso de transición.

La decisión que enfrenta Sandu

Munteanu había sido nombrado por la presidenta Sandu para encabezar el Gobierno con el mandato de estimular la economía del país. Sandu, citada por el portal Newsmaker, había elogiado previamente su autonomía en el cargo, al afirmar: "He had the unrestricted freedom to lead the government as he saw fit." Esa confianza contrasta ahora bruscamente con la forma de su salida, que deja a Sandu ante la tarea de reconstituir un Gobierno bajo la bandera del partido gobernante PAS.

El momento político es delicado. Con la dimisión surtiendo efecto de inmediato, la administración liderada por PAS debe ahora negociar a un sucesor capaz de mantener la confianza parlamentaria y de continuar con los compromisos de reforma. Sandu conserva la potestad constitucional de nombrar a un nuevo primer ministro, pero la candidatura debe conseguir una mayoría parlamentaria antes de asumir el cargo. El escándalo también ha situado la gestión de las empresas estatales —y sus prácticas de contratación— en el centro del debate público en Chișinău.

Más allá de los cambios inmediatos de personal, el episodio plantea interrogantes sobre la supervisión en organismos como MoldATSA, donde los nombramientos de altos cargos pueden eludir un escrutinio público estricto. Analistas en Chișinău han señalado el caso como una prueba de si la agenda anticorrupción posterior a 2020 impulsada bajo Sandu puede resistir la presión desde el propio círculo gobernante. Las próximas semanas probablemente determinarán tanto la composición del nuevo gabinete como el coste político que el partido gobernante deberá asumir por el caso.

La oferta de Taburceanu de devolver los fondos, recogida por la prensa moldava, no resuelve el problema político de fondo. La dimisión del primer ministro ha congelado de hecho la agenda legislativa del Ejecutivo hasta que se forme un nuevo Gobierno, un proceso que en Moldova suele prolongarse durante semanas de consultas entre la presidenta, las facciones parlamentarias y los posibles candidatos a primer ministro.