El Grupo Jingye exige una indemnización al Reino Unido tras la nacionalización de British Steel

En su comunicado, el grupo acusó a Londres de utilizar la legislación británica para "pisotear" las normas internacionales en materia de inversiones. El Jingye Group subrayó que desde la adquisición a principios de 2020 había invertido en instalaciones y tecnología, había pagado impuestos y había creado "decenas de miles de puestos de trabajo". Sin embargo, el Gobierno británico había "despreciado" esas inversiones y contribuciones continuas y solo estaba dispuesto a pagar "una indemnización prácticamente nula". "The UK disregarded Jingye's continuous investment and significant contribution and was only willing to provide almost zero compensation", declaró la empresa.

El Jingye Group anunció que había iniciado negociaciones sobre la base de los acuerdos bilaterales de inversión pertinentes y que se reservaba todos los derechos, incluido el derecho a recurrir al arbitraje internacional. La empresa no aclaró de qué manera concreta piensa llevar adelante el litigio en nombre de los contribuyentes británicos. Sí formuló, en cambio, una acusación clara: la nacionalización había sacudido la confianza de los inversores internacionales y dañado la credibilidad del Gobierno británico.

Pekín advierte sobre el clima de inversión

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino se sumó a las críticas. En un comunicado señaló que la actuación británica "influirá en la percepción de los inversores chinos sobre el clima de inversión en el Reino Unido y en la opinión pública acerca de la fiabilidad del Gobierno británico". Con ello, Pekín lanzó una advertencia a Londres que va más allá del caso concreto y apunta a las futuras relaciones entre ambos países.

El trasfondo del conflicto es la adquisición de British Steel por parte del Jingye Group a principios de 2020, cuando la empresa salió de la insolvencia. La planta principal, con unos 3.500 empleados, se encuentra en Scunthorpe, en el noreste de Inglaterra. Tras años de difíciles negociaciones sobre inversiones de futuro, subvenciones y requisitos medioambientales, el Gobierno británico había decidido poner la empresa bajo control estatal.

Reacción del Gobierno británico

El Gobierno británico había declarado la semana anterior que encargaría una evaluación independiente para determinar si debía pagarse una indemnización al Jingye Group y, en su caso, de qué cuantía. Con ello, la posición de Londres se mantuvo relativamente prudente y de carácter procedimental, mientras que Pekín y el grupo elevaron públicamente la disputa. Jingye había afirmado previamente que la nacionalización había supuesto elevadas pérdidas para los contribuyentes británicos, un argumento con el que la empresa vinculó su demanda de indemnización total por sus pérdidas de inversión.

Posibles consecuencias para las relaciones bilaterales

La disputa podría convertirse en un caso de prueba para los acuerdos bilaterales de inversión entre China y el Reino Unido. Si el Jingye Group interpusiera realmente un procedimiento de arbitraje, sería uno de los primeros casos en los que un inversor chino cercano al Estado impugna por la vía legal la nacionalización de un centro industrial británico. Los analistas interpretan también la actuación como una señal dirigida a otros inversores extranjeros en el Reino Unido.

El Gobierno británico se enfrenta así a un difícil equilibrio: por un lado, debe asegurarse el futuro de la planta de Scunthorpe y de sus 3.500 empleados; por otro, amenaza un prolongado litigio con un importante socio comercial. Pekín dejó claro al mismo tiempo que la disputa podría afectar de forma duradera a la disposición de las empresas chinas a invertir en el Reino Unido en el futuro.