Comisión parlamentaria suiza censura al Consejo Federal por la transparencia en la compra de cazas

Antecedentes: la GPK-N y su mandato

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Un punto central de discrepancia fue la elección de los asesores jurídicos externos. La GPK-N criticó que un bufete de abogados contratado para las negociaciones no estuviera familiarizado con el derecho estadounidense. Según la comisión, el contrato para la adquisición de 36 aeronaves F-35A a Estados Unidos planteaba cuestiones complejas bajo las normas estadounidenses de control de exportaciones y contratación pública, por lo que el gobierno debería haber seleccionado asesores con experiencia acreditada en ese ordenamiento jurídico.

Asesores jurídicos y derecho estadounidense

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La comisión también mostró su desacuerdo con la comunicación de los costes. Señaló que el Consejo Federal había presentado grandes partes del gasto como costes fijos, una etiqueta que la GPK-N consideró que no reflejaba cómo se habían calculado las cifras. Los legisladores observaron que el importe global de unos seis mil millones de francos suizos se había presentado al parlamento sin un desglose que hubiera permitido un escrutinio adecuado del precio, el calendario y el riesgo.

Comunicación de costes y la etiqueta de 'coste fijo'

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Darko Savic, antiguo alto funcionario implicado en la fase inicial del proyecto, fue uno de los cuyas advertencias previas sobre costes y riesgos, según la GPK-N, fueron minimizadas. La comisión argumentó que las preocupaciones internas no se habían elevado adecuadamente al parlamento y que la documentación solicitada por las subcomisiones a veces se había facilitado solo en parte.

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Lo que pide la comisión

La ministra de Defensa, Viola Amherd, responsable político de la adquisición, defendió el programa en su conjunto en declaraciones anteriores, pero reconoció lagunas de comunicación. En su informe actual, la GPK-N no llegó a pedir que se rescindiera el contrato y, en su lugar, recomendó normas de información más claras, sesiones informativas obligatorias para la subcomisión sobre cuestiones jurídicas y una reevaluación de cómo se contratan los asesores externos.

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Políticamente, la crítica atraviesa las líneas partidistas. El Partido Socialdemócrata (SP) ha cuestionado desde hace tiempo el coste de la nueva flota; miembros de otros partidos en la GPK-N se hicieron eco de los llamamientos a una supervisión parlamentaria más estricta de los grandes proyectos de armamento. Laurent Wehrli subrayó que el objetivo de la comisión no era cancelar los cazas, sino restablecer lo que describió como una relación de trabajo adecuada entre el ejecutivo y el legislativo en materia de adquisiciones de defensa.

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Los analistas afirmaron que el informe podría tener consecuencias presupuestarias. Si el parlamento exige desgloses de costes más detallados, futuras partidas del programa podrían sufrir retrasos o renegociaciones, lo que podría afectar a los calendarios de entrega acordados con el gobierno estadounidense. El Consejo Federal dispone hasta finales del periodo legislativo actual para responder por escrito a las recomendaciones de la comisión.

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En términos prácticos, la GPK-N pidió al gobierno que publicara un desglose estructurado de los costes, que documentara el proceso de selección de los asesores jurídicos externos y que estableciera una línea de información permanente con la subcomisión durante el resto del proyecto. También sugirió que las futuras adquisiciones de defensa por encima de un umbral definido fueran sometidas a una revisión jurídica independiente antes de la firma de los contratos.

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La decisión de Suiza de comprar el F-35A se tomó en 2023 para sustituir al envejecido F-5 Tiger y, en parte, a la flota de F/A-18 Hornet. Las primeras aeronaves están programadas para entregarse a finales de esta década, y se espera que la flota completa esté operativa a principios de la década de 2030. La intervención de la GPK-N no altera ese calendario, pero añade presión política al ministerio de defensa para demostrar que el proyecto sigue bajo control democrático.